¿Qué es el Pacto de Toledo y por qué debemos estar muy pendientes?

¿Qué es el Pacto de Toledo y por qué debemos estar muy pendientes?

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El futuro de las pensiones está en el aire. Las causas son variadas y complejas, pero lo único cierto es que hace siete años que el sistema de pensiones público gasta más que ingresa. El Pacto de Toledo busca soluciones para sacar las jubilaciones de una crisis profunda. Esto es lo que persigue y así afectan sus decisiones al futuro de todos.

 

¿Qué es el Pacto de Toledo?

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Puede que la crisis financiera de 2008 sacase a relucir los problemas del sistema de pensiones. Pero estos ya estaban ahí antes. El primer documento de recomendaciones del Pacto de Toledo es de 1995 y buscaba analizar los desafíos estructurales del sistema de Seguridad Social y definir las principales reformas que deberían acometerse.

Estas recomendaciones iniciales recogen aspectos como la separación y clarificación de las fuentes de financiación, la creación de un fondo de reserva, la mejora de los mecanismos de financiación, la edad de jubilación o la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los jubilados.

En un principio, eran 15 recomendaciones, pero el Pacto de Toledo fue revisado en varias ocasiones para intentar adaptar el sistema a los desafíos de fondo que seguían sin ser solucionados.

Por ejemplo, a raíz de las revisiones de 2011 se introdujeron en 2013 el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones. Esto implica que, a partir de 2019, se tendrá en cuenta al calcular la primera pensión de los nuevos jubilados su esperanza de vida en dicho momento y que la revalorización de las pensiones esté ligada a la salud de las arcas públicas.

 

Sin decisiones claras desde 2016

En el último ejercicio, el sistema de pensiones cerró con un déficit de, aproximadamente, 18.000 millones de euros. El gasto aumenta más que los ingresos y los agujeros se han ido tapando con el Fondo de Reserva (la llamada hucha de las pensiones). Pero este también se ha ido agotando, y ha pasado de contar con casi 67.000 millones de euros en 2011 a menos de 8.000 millones.

 

En este contexto, todos los grupos parlamentarios decidieron que era necesario reactivar el Pacto de Toledo y abrir el debate sobre una reforma de las pensiones. Desde que la Comisión se puso de nuevo a trabajar en noviembre de 2016, ha habido pocos avances y las negociaciones están atascadas.

 

Los desafíos del sistema de pensiones

La gran mayoría de los jubilados españoles cobra su pensión a través de la Seguridad Social. Esta es financiada por los trabajadores en activo. Es lo que se conoce como un sistema de reparto público y depende del equilibro entre gastos (jubilados) e ingresos (trabajadores activos). Como hemos visto, este equilibrio está amenazado y las causas van desde los cambios en la pirámide de población hasta la elevada tasa de paro.

España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Además, la tasa de fertilidad es de las más bajas. Como consecuencia, se están produciendo cambios graduales en la pirámide de población, cada vez más envejecida. Según la Comisión Europa, la tasa de dependencia (población de más de 65 años en comparación con población entre 20 y 64 años) en España será del 66% en 2050. En 2013 fue del 28%.

En este contexto, el gasto en pensiones ha aumentado de forma continuada en las últimas dos décadas. El impacto de la crisis en la población activa ha reducido también las aportaciones a la Seguridad Social. La tasa de desempleo está bajando, sí, pero el sistema sigue en déficit. Un déficit que, a su vez, se ha financiado con deuda pública (cercana al 100% del PIB).

 

Las medidas que baraja el Pacto de Toledo

Así, la Comisión del Pacto de Toledo busca formas de restaurar el equilibrio perdido y asegurar el futuro de las pensiones. Las principales medidas que se han barajado hasta la fecha son también los principales puntos de conflicto entre partidos políticos.
 

    Para mantener el poder adquisitivo de los jubilados se barajan opciones como volver a ligar las pensiones al IPC o endurecer la política de jubilaciones anticipadas

  • Subir los impuestos. Una de las soluciones de efecto más inmediato es ingresar más a través de impuestos más elevados. Se barajan opciones como un nuevo gravamen para la banca o una contribución temporal hasta que se recupere el equilibrio.
  • Destope de las bases máximas para avanzar en la contributividad del sistema. Esto viene a significar que la correlación entre lo que se haya cotizado y la paga que se perciba al finalizar la vida laboral sea mayor. Así, se podrían elevar las bases máximas de las cotizaciones a cambio de que aumentase la cuantía a recibir.
  • Un sistema de incentivos para que los trabajadores se mantengan en activo.
  • El índice de revalorización y el poder adquisitivo. Se estudia la reforma del actual índice de revalorización (introducido en 2013) para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. En 2017, el IPC subió un 1,1% mientras las pensiones aumentaron un 0,25%. Para mantener el poder de compra de los jubilados se barajan opciones como ligar las pensiones al IPC o endurecer la política de jubilaciones anticipadas para recortar el gasto.
  • Las pensiones de viudedad y orfandad podrían pasar a financiarse vía impuestos directos, lo que supondría un importante ahorro para el sistema de la Seguridad Social.

La reforma de las pensiones está en un segundo plano político. De hecho, a finales del año pasado, los integrantes de la Comisión reconocían que un gran pacto para reformar el sistema era inviable en el corto plazo. Sin embargo, el problema, a medio plazo, es más que evidente, y la viabilidad futura del sistema de pensiones no parece estar asegurada.

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