Tecnología, regulación y seguro de drones: ¿Tres velocidades irreconciliables?

Tecnología, regulación y seguro de drones: ¿Tres velocidades irreconciliables?

publicado en: Gestión de Riesgos | 0

El desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años en tecnología de sensores, sistemas de posicionamiento por satélite, redes de comunicación y capacidad de procesamiento de ordenadores ha extendido el uso de aeronaves no tripuladas a una amplia gama de aplicaciones civiles profesionales, algunas de ellas impensables hace tan solo una década.

La globalización de la tecnología asociada a la operación de aeronaves, históricamente reservada al sector militar, ha implicado de hecho que se puedan construir aeronaves no tripuladas en el garaje de un particular con unas condiciones de navegabilidad y autonomía más que razonables.

 

“El desarrollo tecnológico ha extendido el uso
de aeronaves no tripuladas a una amplia gama
de aplicaciones civiles profesionales”

 

Los medios de comunicación se hacen eco prácticamente a diario de incidentes con “drones” con titulares como: “Nueva brecha de seguridad en la Casa Blanca. Un drone sobrevuela la residencia del presidente de EEUU y se estrella en los jardines”

“Un drone hackeado se desploma hiriendo a una atleta en Australia”

“Un dron casi provoca un accidente al volar cerca de un avión de Lufthansa”

“Copa del Mundo de esquí alpino: Se prohíben los drones tras caerle uno al campeón Hirscher” 

Se trata de una tecnología  especialmente controvertida que se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso sin permitir una respuesta igual de rápida del regulador y del sector asegurador.

El uso autorizado se regula en España a través de  la Ley 18/2014, de 15 de octubre que establece las actividades aéreas y ámbito de operación permitidos por cada uno de los tres tipos de aeronaves que clasifica en función de su peso. La ley regula asimismo requisitos de registro, autorización administrativa y seguro para cada uno de los tipos.

“Se trata de una tecnología  especialmente controvertida,
desarrollada a un ritmo vertiginoso sin permitir una respuesta
igual de rápida del regulador y del sector asegurador”

Los principios fundamentales que rigen nuestra Ley (de vocación transitoria)  son los mismos que inspirarán la regulación europea prevista para 2016  (acordados en marzo de 2015 en la Conferencia de Riga) y se resumen en la necesidad de facilitar el crecimiento del sector garantizando la seguridad de las operaciones y bienes en tierra.

 

El seguro de drones, un reto para los operadores

En cuanto al seguro, el sector se apresuró en disponer de coberturas que cumplieran con los requisitos establecidos en la ley: un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios a terceros que puedan surgir durante y como resultado de la operación de la aeronave para los usos declarados conforme a los límites establecido en el art. 50,3 d 7 ° de la Ley 18/2014.

Sin embargo, la operación de estas aeronaves implica riesgos y posibles reclamaciones de terceros  que van más allá de los daños materiales y personales que pueda causar la colisión de una aeronave no tripulada con bienes y/o personas en tierra, como:

– el  ciberriesgo: ya existe una floreciente comunidad de hackers de drones capaces de interferir las estaciones en tierra o los servidores FTP a través de los cuales se trasmiten los datos que recogen cámaras, sensores y otros instrumentos acoplados al dron)

– otros actos malintencionados de terceros

– los daños o interferencias al espectro radioeléctrico y/o la red de telecomunicaciones de dominio público

– la vulneración de la privacidad y otros derechos personales

– la corrupción o pérdida de datos personales o el riesgo medioambiental.

Aunque tímidamente, el sector asegurador ha empezado ya a abordar la necesidad de coberturas de todos los riesgos derivados de la operación de drones.

El reto actual es hacer ver a los operadores que existen otros riesgos asociados a la operativa con drones que en la mayoría de los casos se articulan a través de pólizas distintas a la que cubre el seguro de RC del art. 50,3 d 7 ° de la Ley 18/2014.

 

Fernando Sánchez Moraleda

Subdirector – Aerospacial, Willis Towers Watson

 

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